Salud mental infantil y política electoral

A veces es necesario que la actualidad obligue a detenerse y mirar las prioridades. En periodos electorales, los discursos se llenan de promesas sobre el bienestar de los más vulnerables.

Las atenciones en salud mental en la red pública y asistencial se duplicaron entre 2014 y 2023, pero aún es insuficiente y desigual. Mientras Tarapacá alcanza 33,6% atenciones por cada mil niños, la Región Metropolitana apenas llega a 3 por mil. Estas cifras no son meros indicadores de gestión. Ante todo, es la expresión sintomática de problemas sociales objetivos y medibles.

Lo antes descrito, no solo revela un país que descuida a su infancia y relega la salud mental a la espera de tratamiento o al mercado mediante consultas privadas, también expresa una enorme desigualdad territorial. Todo ello, en el contexto de altísimos costos de tratamiento para las familias de ingresos medios.

Las problemáticas de salud mental infantil no se resuelven con campañas comunicacionales ni slogans sobre bienestar emocional. Tampoco se resuelven exclusivamente con tratamientos farmacoterapéuticos. La niñez pobre requiere infraestructura, equipos estables y una política centrada en los derechos humanos de la niñez.

Chile en cambio, ha optado por el recorte fiscal: el debilitamiento de la inversión pública en programas de niñez en situación de calle, el debilitamiento de residencias de protección infantil, la ausencia de hospitales de día infanto-juveniles, o el debilitamiento de la salud mental comunitaria son solo ejemplos pertinentes.

El deterioro de la salud mental infantil no es producto de “individuos frágiles”, sino de decisiones políticas y gubernamentales: presupuestos insuficientes, agudización de enfermedades, falta de profesionales especializados, precarización laboral, desarticulación institucional y ausencia de prevención comunitaria. Chile parece haber naturalizado el sufrimiento psíquico infantil.